La Sociedad Cooperativa de Pescadores y Buzonadores exige la revocación de licencias y denuncia abandono de autoridades ambientales
Acapulco, Guerrero, [fecha]. Integrantes de la Sociedad Cooperativa de Pescadores y Buzonadores de Puerto Marqués, encabezados por su presidente Gregorio Pérez Palma, realizaron una protesta para exigir la suspensión inmediata de una obra hotelera que, según denuncian, está causando daño ecológico irreversible en la bahía de Puerto Marqués, al sur de Acapulco.
La construcción, que según los pescadores correspondería a un restaurante con alberca artificial, habría iniciado operaciones sin la debida supervisión de autoridades ambientales y federales, arrojando rocas al mar, generando desechos de construcción y contaminando el ecosistema marino que sustenta la vida de 132 familias de la cooperativa.
Denuncia de ecocidio y abandono institucional
“Nos está haciendo un daño irreversible ecológicamente”, declaró Pérez Palma durante la protesta. “Arrojando rocas al mar, trayendo desechos y todo lo demás. Si ustedes han visto las tomas, incluso hay material afuera en el agua, tablas de madera y todo lo demás”.
El líder cooperativista cuestionó enfáticamente la ausencia de dependencias reguladoras: “¿Dónde está PROFEPA? ¿Dónde está SEMARNAT? ¿Dónde están todas las dependencias que deben de ver sobre la licencia de construcción? Este es un relajo de la construcción”.
Los pescadores denuncian que se trata de un “ecocidio en el fondo marino” que no solo destruye el hábitat de especies marinas, sino que los desplaza progresivamente de sus áreas de trabajo tradicionales.
Amenaza a la sustentabilidad y medidas de conservación
La cooperativa posee ocho permisos de captura que abarcan desde Punta Bruja, toda la bahía de Puerto Marqués y parte de Abuladero. Sin embargo, Pérez Palma advirtió que las construcciones irregulares los están “sacando poco a poco de nuestras áreas marinas”.
La gravedad de la situación se agrava por el contexto de escasez de producto marino que ya enfrentan los pescadores. La cooperativa había implementado medidas de conservación voluntarias, incluyendo la veda de la bahía para permitir la reproducción de especies, suspendiendo la pesca y el buceo en la zona.
“No buceamos, estamos cuidando el producto para que haya reproducción porque es escaso el producto, pero vienen y nos acaban de matar”, lamentó Pérez Palma. “Para que vuelva a reaparecer el marisco aquí vamos a tardar como unos diez o quince años”.
El dirigente recordó que esta no es la primera vez que enfrentan esta problemática: “Así nos pasó con Marina Majahua, nos ha pasado con otras construcciones. No tenemos marisco”.
Exigencias y acciones legales
La cooperativa formalizó tres demandas específicas ante las autoridades:
- Revocación de la licencia de construcción de la obra hotelera
- Revocación de la concesión otorgada al proyecto
- Reparación del daño ocasionado hasta la fecha
“Hoy mismo iniciamos las denuncias correspondientes, como se debe de ser”, anunció Pérez Palma. “Vamos a empezar hoy mismo a hacer oficios y todo lo demás, metérsela tanto al Gobierno federal hasta el gobierno municipal para que tomen caso en omiso”.
Los pescadores advirtieron que recurrirán a todas las instancias disponibles para hacer valer sus derechos y proteger su fuente de sustento, destacando que parte de Acapulco ya no cuenta con el marisco de calidad que tradicionalmente proveía Puerto Marqués.
Impacto en 132 familias
La cooperativa agrupa a 132 socios, cuyas familias dependen directamente de la pesca y el buceo en la bahía. La desaparición del ecosistema marino no solo amenaza su economía, sino que compromete el abastecimiento de producto fresco para la región.
“¿Dónde van a estar? ¿Qué le vamos a dar a la familia?”, cuestionó Pérez Palma sobre el futuro de los cooperativistas. “Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presionar, vamos a ir a todas las dependencias”.
La protesta busca visibilizar lo que los pescadores consideran una contradicción flagrante: mientras ellos implementan medidas de conservación para garantizar la sustentabilidad a largo plazo, las autoridades permiten —mediante omisión o complicidad— proyectos que destruyen el mismo ecosistema que intentan proteger.
